jueves, 10 de julio de 2008

DEFENSA DE LA LENGUA COMUN







Traemos aquí un interesante artículo de D. Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, relacionado con la lengua común.

El porqué

del Manifiesto

... Estas dos son las razones que justifican su respaldo. La primera, el derecho de todo español, con independencia del lugar de residencia, a utilizar el castellano, en tanto que lengua común y oficial del . Estado. La segunda, la violación flagrante de la Constitución y las leyes. Todo lo demás ni es la cuestión en litigio ni se encuentra en peligro. ¡No nos dejemos confundir!...

LA noticia más sobresaliente de los últimos días es la presentación del Manifiesto por la Lengua Común en el Ateneo de Madrid. Una acción avalada por una pléyade de destacados inte­lectuales de las más variadas ramas del conoci­miento. Una pertinente proclama en defensa del de­recho de todo español al uso del castellano como lengua común. Un ejemplo de lo que se echa en fal­ta en esta languideciente España constitucional: la participación decidida de una diletante sociedad civil y un compromiso comprometido de sus inte­lectuales, al que se han ido adhiriendo, paulatina pero imparablemente, personas de toda condición. Por más que, como era tristemente previsible, lo que debía ser una «política de Estado», ha termina­do, por razones partidistas, por politizarse. No pue­de entenderse de otra forma que despierte recelos el derecho de usar el castellano como lengua co­mún y oficial, el derecho de los ciudadanos que lo deseen a ser educados en lengua castellana, el dere­cho en las Comunidades bilingües a ser atendidos institucionalmente en las dos lenguas oficiales, la posibilidad de rotular los edificios y vías públicas en ambas lenguas y la acción de los representantes políticos a utilizar el castellano en sus funciones institucionales.

Los Manifiestos —cualquiera que sea la denomi­nación—siguen pues bien presentes. Desde los más religiosos, como los Diez Mandamientos de Moisés del Monte Sinaí y las Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, hasta las proclamas revoluciona­rias del siglo XVIII: laDeclaración de Independencia americana en 1776 o la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin ol­vidar el Manifiesto Comunista de 1848 o, entre noso­tros, el Manifiesto de Manzanares de Cánovas del Castillo en 1854, el Manifiesto Andalucista de Córdo­ba de 1919 o élManifiesto de los Intelectuales Españo­les en Defensa de la II República en 1931.


He leído toda clase de argumentos sobre nues­tro Manifiesto por la Lengua Común, y su justi­ficación me parece oportuna. Llevamos demasia­dos años avalando, ya sea por activa concesión o por pasiva dejación, un arrinconamiento del caste­llano como lengua común en muchos lugares de Es­paña. Lo que comenzaba tolerándose en Cataluña y el País Vasco finalizaba por extenderse mimética-mente a Galicia e Islas Baleares, y no sé lo que tarda­rá en suceder en la Comunidad Valenciana. Unos te­rritorios donde una excluyente política lingüística, ya sea defacto o de iure, ha cercenado la posibilidad real de su uso. Una lengua que se posterga en las Ad­ministraciones Públicas, se relega en la vida profe­sional, se desdeña en la actividad económica, se eli­mina de las calles y se posterga en la enseñanza. Ello con el beneplácito o la indiferencia de unos acomplejados poderes públicos nacionales incapa­ces de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Estas dos son las razones que justifican su respaldo. La primera, el derecho de todo español, con independencia del lugar de residencia, a utili­zar el castellano, en tanto que lengua común y ofi­cial del Estado. La segunda, la violación flagrante de la Constitución y las leyes. Todo lo demás ni es la cuestión en litigio ni se encuentra en peligro. ¡No nos dejemos confundir!

Nunca me he considerado lo que hoy denominan algunos interesadamente nacionalista español. Me siento español, mientras me siento simultáneamen­te riojano y andaluz, mis dos raíces familiares. No ejerzo perfil expansionista, ni fagocitador de nada. Tampoco anhelo jacobinamente uniformidades in­deseables. Me encuentro cómodo, dentro de las sin­gularidades de nuestros territorios. Viajo frecuen­temente al País Vasco y, sobre todo, a Cataluña, don­de disfruto de excelentes amigos y despliego relacio­nes institucionales fluidas. Y no he tenido nunca problemas para comunicarme en ningún estableci­miento comercial. Dichas sociedades, salvo excep­ciones, son mayoritariamente bilingües y toleran­tes. La exclusión proviene de cierta clase política.


Y, por lo demás, y a pesar de los excesos en la construcción del Estado de las Autonomías, re­conozco sus bondades. Basta con pasear por nues­tras ciudades para percibir su desarrollo económi­co, mientras soy un convencido de la riqueza cultu­ral de las lenguas de España. Me encantan, por ejemplo, la prosa de Alvaro Cunqueiro y los poemas de Pere Gimferrer. Aunque no pueda desconocer ciertos excesos: la rácana postergación de los ele­mentos comunes y la exaltación de los nimios dife-renciadores, las burdas y graves deslealtades de al­gunos, la abdicación de las potestades estatales, las injustificadas duplicidades administrativas, la hi­pertrofia autonómica institucional y sus altos cos­tes económicos. Pero aun así, las cosas no han fun­cionado mal, por más que siga pendiente la necesi­dad de cerrar el múdelo de Estado —tras la reforma de la Constitución—, pues no hay sistema político que soporte las tensiones de las inagotables recla­maciones centrífugas competenciales. Pero ésta es otra cuestión.

Dicho esto, tampoco está en juego la superviven­cia del castellano. Una lengua libre y cosmopolita hablada por casi 450 millones de personas en todo el mundo. Basta con desplazarse a México, ir a Brasil, acercarse a las más prestigiosas universidades americanas, estudiar en centros europeos de exce­lencia, incluso desplazarse a China y la India, para constatar su fortaleza presente y su mejor futuro. La reciente creación del Centro Internacional del .Español en Comillas así lo atestigua. «El español —ha dicho Cees Nooteboom— es un idioma enor­me». Aquí lo que está en juego es diferente.

Nos referimos a otra cosa: a la tutela de un derecho que afecta a personas, a una libertad individual de naturaleza constitucional. Así se prescribe en el artículo 3.1 de nuestra Carta Magna de 1978 – siguiendo la progresiva estela de la Constitución de la II República—: «El castellano es la lengua españo­la oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Una regu­lación que debía satisfacer, como indicó pronto el Tribunal Constitucional, el deber individualizado de conocerlo y la presunción de que todos los espa­ñoles lo conocen (STC 82/1986). Una realidad im­practicable para muchos padres que no pueden esco­ger la lengua común en que educar a sus hijos, la cre-

cre­ciente imposibilidad práctica de su ejercicio en la vi­da oficial y su defectuoso conocimiento por los jóve­nes. Un derecho afectado por una política lingüísti­ca excluyente. Una «acción de falsa normalización» políticamente ruin, económicamente disparatada, socialmente injusta y educativamente suicida.

En tal contexto, el castellano no puede desple­gar su función de lengua vehicular común, de ex­presión normal entre los ciudadanos y sus Admi­nistraciones públicas. Al tiempo que exterioriza la incapacidad del Estado para cumplir otro mandato constitucional: el aseguramiento del principio de igualdad de todos los españoles (artículos 14 y 149.1.1 CE), lo que provoca que las familias que lo de­seen no puedan escolarizar a sus hijos en nuestra lengua común. Una circunstancia especialmente grave para quienes disfrutan de escasos recursos económicos. ¡Los derechos son de las personas, no de las lenguas ni de los territorios!


La segunda razón para avalar el Manifiesto es lo que supone de denuncia de reiterada infrac­ción de la Constitución y las leyes. Los ciudada­nos y los poderes públicos están sometidos, como dice el artículo 9.1 de la Constitución, a lo dispues­to en ellas. Especialmente estos últimos, con «un deber positivo de los titulares de los poderes públi­cos de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución» (STC 101/1983). Montesquieu seña­laba la importancia de su respeto: «La libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohiben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad». De es­to es de lo que hablamos.

PEDRO GONZALEZ-TREVIJANO

Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

martes, 8 de julio de 2008

LA CULTURA DE LA MUERTE EL ABORTO












El 10 de Julio copiamos al final un artículo de Juan Manuel de Prada "Palpando progresismo", relativo a la cultura de la muerte.

El ABC de hoy, en su pagina 16 publica el siguiente articulo.

“El Gobierno mete a la sociedad «en un macabro viaje hacia la cultura de la muerte”

La Iglesia denuncia la reforma de la ley del aborto CiU dice que Zapatero aborda temas que dividen.

Artur Mas Líder de CiU: «El PSOE está jugando con cosas que afectan a la conciencia personal o individual únicamente para mantener el clásico enfrentamiento entre la izquierda y la derecha». «Algunos lugares de España se han convertido en el paraíso del aborto».

Leopoldo Vives Conferencia Episcopal: «El Gobierno está metiendo a la sociedad española en un macabro viaje hacia la cultura de la muerte». «Se debe educar en un ejercicio responsable de la sexualidad y dar alternativas a las mujeres embarazadas. Cada aborto es un fracaso de la sociedad».

Beatriz Mariscal Presidenta de AVA: «Con una ley de plazos se abortará muchísimo más, puesto que no habrá ningún control que descarte que la mujer no esté siendo coaccionada o violentada a abortar».

«El síndrome postaborto será cada vez más permitente y el drama mucho peor».

Ignacio Arsuaga Presidente de Hazte Oír: «A los socialistas les parecen que son pocos los más de 100.000 abortos anuales actuales. Por eso quiere hacer una ley que haga que ir a abortar sea como ir al callista».

«No vamos a quedarnos callados en la defensa del derecho a la vida de los no nacidos».

El Gobierno mete a la sociedad «en un macabro viaje hacia la cultura de la muerte»

D. PÉREZ/M. J. CAÑIZARES

. MADRID/BARCELONA.

La intención del Gobierno de convertir a toda velocidad la ley del aborto en una ley de plazos -aborto libre hasta una semana concreta de embarazo, que se situaría entre la 14 y la 22- provocó ayer la reacción de la Iglesia, del líder de CiU, Artur Mas, y de la totalidad de las organizaciones pro vida.

Leopoldo Vives, director de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, señaló, en declaraciones a Ep, que el Ejecutivo «está metiendo a la sociedad española en un macabro viaje hacia la cultura de la muerte» al poner el aborto y la eutanasia como «banderas de su acción de gobierno. Me atrevo a decir que lo próximo que nos propondrán será el infanticidio de niños con enfermedades graves».

Para Vives, una ley que facilite el aborto no es la solución, al igual que tampoco lo fue el «divorcio exprés». «La sociedad debe educar en un ejercicio responsable de la sexualidad y dar alternativas a las mujeres embarazadas, que muchas veces no quieren ir a un aborto muy traumático para ellas. Por eso cada aborto es un fracaso de la sociedad», dijo.

«Verborrea de izquierdas»

Por su parte, el líder de Converg_ncia Democràtica de Catalunya (CDC), Artur Mas, criticó al presidente del Gobierno por utilizar cuestiones como el aborto o la eutanasia «de forma chapucera» para dividir a la sociedad. Mas considera que la falta de proyecto de los socialistas se ha traducido en «una verborrea de izquierdas» en la que «se habla de todo menos de economía». El dirigente nacionalista reprochó a los socialistas que en su congreso se haya «jugando con cosas que afectan a la conciencia personal o individual únicamente para mantener el clásico enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Seguro que hay cosas más prioritarias. Buscan la rentabilidad partidista y no la rentabilidad de país».

Según Mas, el PSOE «es el partido con más poder y que menos ideas tiene». El secretario general de CDC avanzó que en el congreso que su partido celebrará el próximo fin de semana se abordará, aunque no de forma prioritaria, el debate sobre el aborto, pero desde la óptica de que «ya existe una ley que regula esa materia». En este sentido, denunció que actualmente se están cometiendo muchas ilegalidades y «algunos lugares de España se han convertido en el paraíso del aborto. Se trata de una cuestión muy sensible que va más allá de las izquierdas y las derechas». El líder convergente advirtió de que «el problema de inconsistencia» del proyecto socialista dificulta el entendimiento entre ambas formaciones, lo cual complica acuerdos parlamentarios, como es el caso de los Presupuestos Generales del Estado.

Beatriz Mariscal, psicóloga y presidenta de AVA (Asociación de Víctimas del Aborto), señaló que «el gobierno quiere cambiar la Ley actual del aborto porque por fin hay numerosas mujeres que se han atrevido a hablar y a denunciar su síndrome postaborto. Creemos que los psiquiatras que firman los certificados que justifican el aborto por la salud psíquica (el 99 por ciento de los que se realizan), están haciendo malabarismos conceptuales para meter el caso en el supuesto. Además, es insostenible el supuesto de aborto por tener un hijo diferente o discapacitado», añadió.

La experiencia de otros países

«Por eso -agregó-, van a abrir más aún el aborto con una ley de plazos, de forma que se presione y manipule más fácilmente a la mujer. El Convenio de la ONU, que obliga a quitar leyes discriminatorias, está ya vigente desde el 3 de mayo de 2008, y España es uno de los Estados firmantes». «Con una ley de plazos -señaló- se abortará muchísimo más, puesto que no habrá ningún control que descarte que la mujer no esté siendo coaccionada o violentada a abortar. En todos los países donde se ha puesto una ley de plazos, el aborto ha sido cada vez más numeroso y el síndrome postaborto cada vez más prevalente en esa sociedad. Por tanto, el drama sería mucho peor».

Y es que, como señala Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, «da la impresión de que a los socialistas les parecen que son pocos los más de 100.000 abortos anuales actuales. Por eso quiere hacer una ley que haga que ir a abortar sea como ir al callista».

Para Arsuaga, al PSOE «poco le importa que con la nueva ley que prepara vaya a «contradecir a la Constitución Española, porque ya lo ha hecho más veces, como con los estatutos de autonomía». Destaca que tiene tres objetivos: «Transmitir una supuesta imagen progresista; acorralar al PP, al que ahora no le interesa llevar a la arena política la defensa de la vida, y, por último, contentar a sus amigos, los multimillonarios empresarios dueños de las clínicas abortistas». Igualmente, avisa de que los grupos pro vida «nos vamos a movilizar. No vamos a quedarnos callados en la defensa de los no nacidos, cuyo derecho a la vida ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional».

En esta línea, el presidente internacional de Médicos Católicos, Josep María Simón, denunció la doble moral del Gobierno: «Por una parte se dice que ninguna mujer aborta por gusto o que el aborto es muy traumático para la mujer; por otro lado, se las deja sin asistencia, tanto a las que abortan (síndrome del postaborto) como a las que tienen el niño (mínimas ayudas públicas)».

Asimismo, Simón tildó de «grotesco» exigir a los jueces de los casos judiciales en curso que no permitan que se conozca el nombre de las mujeres que han abortado y ocultar que se han encontrado muchas veces papeles con el nombre de esas mujeres en las basuras de las clínicas abortistas, como pretende De la Vega.

Juan Sánchez Galera, portavoz de la Plataforma la Vida Importa, insistió en que «hace falta un partido político que defienda el derecho a la vida como principal derecho humano, porque si no, el PSOE seguirá haciendo lo que le dé la gana y cambiará la ley del aborto».

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El Angulo Oscuro

Palpando progresismo

DICE José Antonio Alonso, portavoz socialista, que en el congreso que su partido acaba de celebrar «se palpa una orientación progresista». Sólo que, si palpas mucho, sales con las manos tintas de sangre. Los so­cialistas apuestan por una «reforma vanguardista» de la ley del aborto que «garantice la seguridad jurídica de las mujeres que deciden abortan) y su “derecho a decidir”. Desde luego, Hannibal Lecter no hubiese formulado una apología más refinadamente eufemística del cani­balismo que la que los socialistas nos ofrecen so­bre el aborto. A abortar a mansalva, sin más impe­dimento que la fijación de un plazo arbitrario de gestación, lo llaman «reforma vanguardista»; a la impunidad del delincuente la bautizan «garanti­zar la seguridad jurídica»; a un delito tipificado lo denominan, en el colmo de la socarronería, «dere­cho a decidir». Hay que tener, desde luego, una jeta como la de Leatherface, el virtuoso de la sierra eléctrica en La matanza de Texas, para adulterar el lenguaje de un modo tan burdo y feroz.

Tales adulteraciones burdas serían, por supuesto, inve­rosímiles si no las precediese ese ofuscamiento de la con­ciencia moral del que ya nos previno Isaías: «¡ Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!». Desde luego, emplear un criterio de plazos para establecer cuándo un delito con­tra la vida no debe ser castigado es una aberración jurídi­ca (y científica) que no se sostiene ni aunque nos ponga­mos las botas a palpar progresismo: hace cincuenta años, un feto era viable cuando había completado siete meses de gestación; hoy lo es cuando ha completado tan sólo veinti­dós semanas; dentro de cincuenta años, tal vez lo sea cuan­do apenas haya sido concebido. Si a alguien se le ocurriera establecer que el asesinato de ancianos a partir de los se­tenta años, o de niños hasta los catorce, quedase impune lo encerraríamos en el loquero; pero a alguien se le ocurre es­tablecer un criterio cronológico igualmente demencial en el aborto y se nos antoja que el tío está palpando progresis­mo a manos llenas. Lo de establecer garantías específicas de seguridad jurídica para las mujeres que abortan es otra aberración jurídica que provocaría nuestra hilaridad, si no fuera porque la jeta de Leatherface infunde más bien es­panto. Nuestro ordenamiento ya establece todas las garan­tías jurídicas y procesales habidas y por haber: presun­ción de inocencia, tutela judicial efectiva, asistencia de le­trado, etcétera. El fraude de ley, la connivencia con el delin­cuente, el amparo de la impunidad deben tratarse, pues, de garantías «vanguardistas» que sólo comprendes si te po­nes ciego a palpar progresismo.

Pero cuando hay que palpar progresismo has­ta clavar las uñas es cuando determinas que un de­lito tipificado puede convertirse, por arte de birli­birloque, en «derecho». Norberto Bobbio, el gran fi­lósofo y jurista turinés, lo estableció tajantemen­te: «Hay tres derechos. El primero, el del concebi­do, es fundamental. Los demás, el de la mujer y el de la sociedad, son derivados. Además, y para mí esto es el punto central, el derecho de la mujer y el de la sociedad, que son de ordinario adoptados pa­ra justificar el aborto, pueden ser satisfechos sin recurrir al aborto, es decir, evitando la concepción. Una vez ocurri­da la concepción, el derecho del concebido solamente pue­de ser satisfecho dejándolo nacer». Pero, para palpar pro­gresismo en condiciones y ponerse las manos tintas de san­gre, más aconsejable que la lectura de Bobbio resulta la de La filosofía en el tocador, de Sade, donde una pionera del pro­gresismo fetén imparte la doctrina que este congreso so­cialista hace suya: «Somos dueñas de lo que llevamos en el seno, y no hacemos más mal destruyendo esa especie de materia que purgándonos de otra con medicamentos cuan­do tenemos necesidad. (...) Hemos comprendido que una criatura más o menos sobre la tierra no comporta gran di­ferencia y que nosotras nos convertimos, en una palabra, en dueñas de ese pedazo de carne no de forma distinta a co­mo lo somos de las uñas que cortamos de nuestros dedos, de las excrecencias de carne que extirpamos de nuestro cuerpo o de los productos de la digestión que evacuamos de nuestras vísceras. (...) Hace falta ser imbéciles para en­contrar el mal en una acción tan indiferente». Hannibal Lecter y Leatherface no lo hubiesen explicado mejor.

www.juanmanueldeprada.com




domingo, 6 de julio de 2008

MONTSERRAT NEBRERA VISTA POR JUAN MANUEL DE PRADA









Estoy persuadido de que si todos los participantes en el congreso del PP de Cataluña hubieran conocido este artículo de Juan Manuel de Prada, el resultado habría sido otro.

Nebrera y los gregarios

UN etólogo que deseara descifrar las conductas gregarias de los humanos encontraría un cam­po inagotable de estudio en el funcionamiento de los partidos políticos, fábricas especializadas en tri­turar todo lo que en el hombre hay de distintivo, hasta reducirlo a una papilla lacayuna y mazorral.

Hay un cuento de H. G. Wells en el que un explorador llega a una aldea remota cuyos pobladores son todos ciegos de nacimiento; el protagonista piensa que, al tener las facultades visuales intactas, no le costará ser admitido como guía de la comunidad, pero pronto descubrirá horrorizado que, si desea que lo acepten, tendrá que dejarse arrancar los ojos. Lo mismo sucede en política: quien se in­corpora a un partido con el deseo de brindar una aportación original, enseguida descubre que sus esfuerzos son trabajos de amor perdi­dos; y, si quiere medrar, o siquiera ser aceptado en el clan, ha de avenirse a comulgar con la me­diocridad rampante. Si se atreve a desafiar esa medio­cridad tan abrigadita, ya sabe que su destino es la in­temperie; porque los partidos políticos funcionan co­mo máquinas donde la docilidad siempre obtiene re­compensa, donde el gregarismo garantiza el medro, donde el sometimiento cabizbajo a las directrices más mostrencas se califica de lealtad. Y, ¡ay de quien ose le­vantar la cabeza! Se le tomará por traidor y le afeitarán el pescuezo en cuanto se descuide. Porque nada enarde­ce tanto a los mediocres, nada excita tanto su voluptuo­sidad, como decapitar el talento.

Así se está consiguiendo que los partidos políticos se transformen en asilos donde se cobija una morralla de gentes de méritos fantasmagóricos y servilismo a prueba de bomba que viven de rumiar cuatro consig­nas archisabidas y de mamonear con el que manda. Una prueba especialmente grimosa de la conversión de la política en pesadilla wellesiana nos la ofrece ese con­greso catalán del PP que hoy se celebra. Varios candida­tos se disputaban la presidencia; y pensábamos que lo hacían movidos por un fin superior. Pero hete aquí que ha bastado que desde Madrid les impusieran a dedazo una candidata para que todos corrieran a comer en su mano, donde se demuestra que el único fin que los mue­ve es el reparto de las migajillas.

Todos menos Montse­rrat Nebrera, que para explicar su resistencia al cam­balache ha pronunciado una frase de estirpe ciceronia­na: «No existe vida más allá del honor».

Montserrat Nebrera merecería mucho más que ga­nar un congreso político; ella merecería por lo menos protagonizar una novela de Henry James. La mayoría de los políticos de nuestra época no da­rían argumento ni al prospecto en el que se ex­plica el funcionamiento de un electrodomésti­co; y, a su lado, Montserrat Nebrera desentona como un cisne entre patos mareados.

Con Mont­serrat Nebrera coincidí en cierta ocasión en un programa radiofónico de Julia Otero y me que­dé prendado de su elocuencia, de su trepidación intelectual, de su entusiasmo, también de su be­lleza vivaz y risueña: estaba llena de esa pasión luminosa que distingue a quienes guía una ambición menos bajuna que el reparto de migajillas; y había algo conmovedor y arriesgado en su brío, como en el impul­so del pájaro que se lanza a volar, abandonando el pláci­do nido, sin saber siquiera si lo asistirán las alas. Mont­serrat Nebrera irrumpió como un torbellino en la polí­tica catalana; pero en cuanto descubrieron que su ta­lento se rebelaba contra los gregarismos la fueron ori­llando, la fueron expulsando a la intemperie. Así ha so­brevivido, entre mezquindades y puñaladas traperas, hasta llegar a este congreso, donde los mediocres se aprestan a afeitarle el pescuezo. Pero yo la veo por la te­le, diciendo que no existe vida más allá del honor mien­tras alza la mandíbula, y descubro que tiene el cuello más hermoso del mundo. Hace falta, en verdad, ser muy gregario, para decapitar ese cuello; hace falta ser muy cerril para desdeñar tanto talento deseoso de brin­darse. Si la mediocridad asfixiante del medio le impide ganar ese congreso, al menos le quedará la oportuni­dad de protagonizar una novela. Aunque quizá no haya hoy en España un novelista a la altura de su talento.

www.juanmanueldeprada.com

DEFENSA DE LA LENGUA COMUN




















Postura del Instituto de España:

El Instituto de España no concibe que se pueda estar al margen del Manifiesto

«Como máxima entidad cultural en el sistema académico español, no podemos no pronunciarnos», afirma Salustiano del Campo.

JESÚS GARCÍA CALERO

MADRID. La adhesión del Ins­tituto de España (IE) al Mani­fiesto por la


Lengua Común, que se produjo el pasado 3 de ju­lio, se decidió «por unanimi­dad y de una manera muy natu-|ral», según declaró ayer a ABC ISalustiano del Campo, presi­diente de la institución. La pro-í>uesta para debatir sobre este asunto fue idea de Juan Jimé­nez Collado, representante de fía Academia de Medicina.

«No va en contra de nadie»

El catedrático de Anatomía t confirmó a este diario que pen­só que la Mesa del Instituto de España debía marcar su posición en este debate porque «el español es el único idioma co­mún, eso no se puede negar, y se habla en hispanoamérica sin problemas, pero aquí no, lo cual es paradójico. Y el mani­fiesto no va en contra de ningu­na otra lengua, sino a favor de la libertad de elección». Aún sa­tisfecho por la unánime res­puesta de sus colegas del IE, re­lata que Carmen Iglesias quedó encargada de informar a la prensa. Se da la circunstancia | de que Iglesias firmó también en la tarde del día 3 el comunicado de la Junta de Gobierno de la RAE, refrendando la deci­sión de su director de no suscri­bir el manifiesto en razón de lo que dicen los estatutos de la Docta Casa.

Del Campo relató a ABC que la discusión llevó a la asunción rápida y unánime de dos puntos: en el primero, el IE exige que todos los españo­les puedan ejercer sin cortapi­sas su derecho a hablar y escri­bir en la lengua común de toda España. En el segundo se in­trodujo otro matiz como es la petición de que nadie pueda ser discriminado por ignorar alguno de los idiomas territo­riales en España.

El presidente destaca que la mesa del IE ha querido subra­yar que hablamos de un proble­ma que atañe a los derechos in­dividuales. «Nuestra respues­ta ha sido moderada, explícita

y muy justificada. No nos co­rresponde un enfoque filológi­co de la polémica, sino la vigen­cia social de la lengua, porque no es una cuestión filológica, el tema es esa vigencia y su in­cidencia en los derechos indivi­duales de los españoles». En opinión del catedrático de So­ciología, «los derechos colecti­vos se derivan de los individua­les y deben protegerlos, nunca coartarlos», que es a su modo de ver el peligro que subyace en este caso.

Los estatutos del IE

-Los estatutos del IE no preocu­pan a Salustiano del Campo. «No sé si corresponde a los esta­tutos marcar la actuación en este caso, sólo sé que somos la máxima entidad cultural en el sistema académico español, y como tal no podemos no pro­nunciarnos». El presidente re­macha: «Es una obligación de­jar clara la posición. ¿Cómo se puede estar ajeno a lo que suce­de en el ámbito del idioma en España?». Por último, Del Cam­po recuerda que el idioma ata­ñe a numerosos aspectos de la vida pública, tanto desde el punto de vista cultural, que im­porta más aquí, y de los dere­chos individuales, como desde una óptica económica, que no debe olvidarse.

El texto del IE está firmado por Salustiano del Campo, Juan Velarde Fuertes, Anto­nio Bonet Correa, Julio Rodrí­guez Villanueva, Manuel Je­sús González González, Carlos Sánchez del Río, Carmen Igle­sias, Juan Jiménez Collado y Ángel Sánchez de la Torre.

sábado, 5 de julio de 2008

DEFENSA DE LA LENGUA COMUN (1)








Traemos aqui la primera de cuatro entrevistas que se publicaron ayer en el ABC, las cuatro defendiendo la lengua comun.
Entrevista a Alfonso Ussía.

Ussía: “Es terroríficoque el español esté marginado en España”

El escritor Alfonso Ussía se adhiere al manifiesto a favor del castellano

IGNACIO GIL

Una nueva voz se une a la corriente de intelectuales que están haciendo causa común en defensa del español. A su juicio, los responsables son los socialistas: «Allá donde gobiernan siempre ceden ante los nacionalismos»

PALOMA CERVILLA

MADRID. El escritor y perio­dista Alfonso Ussía se sumó ayer a la amplia nómina de in­telectuales y escritores que, a través de las páginas de ABC, se están adhiriendo al Mani­fiesto por la Lengua Común. Una iniciativa que ha revolu­cionado la vida académica, pe­riodística, política, social y cul­tural, y que tiene como objeti­vo la defensa del castellano, que se respete el derecho a usar la lengua española. Ussía no du­da en manifestar contundente­mente su apoyo a la lengua es­pañola y tampoco duda a la ho­ra de apuntar a los responsa­bles de su marginación: los so­cialistas.

—¿Se adhiere al Manifiesto en de­fensa del castellano?

—Me adhiero públicamente a este Manifiesto en defensa del castellano, pero con una salve­dad: lo del castellano. Me pare­ce una cursilería que se utilice este término, ya que cuando se sale fuera de España lo que se habla es el español.

—¿Realmente usted cree que es­tá en peligro el uso del idioma es­pañol?

—El español no está en peligro porque es un idioma impara­ble en el mundo. Lo que sí está en peligro es el uso del español en España, y eso sí que me pare­ce bochornoso.

—¿Cuáles son las causas que, a su juicio, están poniendo en peli­gro el uso del español en el territo­rio español?

—Una de las causas fundamentales es el fanatismo naciona­lista. Los otros idiomas españo­les, como son el catalán, el vas­co y el gallego, son joyas, pero nunca podrán desplazar al es­pañol en España.

—¿En qué zonas de España consi­dera que el español está en peli­gro?

—Hay gravísimos problemas en zonas rústicas del País Vas­co, en pequeños núcleos de po­blación. En estas zonas es im­posible oír hablar el español. Además, en las ikastolas, a los niños no se les enseña el espa­ñol, se les enseña a odiar el es­pañol. Esta misma situación también está empezando a su­ceder en Baleares y en algunos lugares de Cataluña.

—¿Quién cree que es el responsa­ble de que esta situación se esté produciendo en España y exten­diéndose cada vez más?

—Es responsabilidad de los so­cialistas. Allá donde gobier­nan siempre ceden ante los na­cionalismos y se margina el es­pañol. El idioma español no tie­ne ningún peligro porque tiene una fuerza incalculable. Pero es terrorífico que sea el segun­do idioma más hablado del mundo y esté marginado y veta­do en España.